Desde inicios de 2016, y como parte de un fenómeno global, el debate en torno a los usos medicinales del cannabis y su marco normativo se instaló definitivamente en la agenda pública, política y mediática en la Argentina.

La visibilidad actual, llega como producto del intenso trabajo de difusión, realizado principalmente por diversas organizaciones de la sociedad civil, que agrupan a familiares de personas que ya usan o necesitan utilizar esta opción terapéutica, entidades científicas y grupos académicos, que frente a la clásica visión punitiva postulan la necesidad de encuadrar el debate sobre este tema en el área de la salud pública.

En ese camino, el pasado miércoles 19 de octubre, en reunión plenaria las comisiones de  Seguridad Interior, Salud y Legislación Penal de la Cámara de Diputados de la Nación confluyeron en la emisión de tres dictámenes en torno a uso medicinal del Cannabis.

El dictamen de mayoría, impulsado por Cambiemos, que contó con 37 firmas, propone que se habilite al Estado a investigar sobre las propiedades curativas de la sustancia y a proveer el aceite de cannabis a los pacientes que padecen ciertas enfermedades.

Si bien no tiene fecha de tratamiento en el recinto, en el dictámen se cristalizaron los consensos posibles. Los desacuerdos, hoy giran esencialmente, en torno a la figura del autocultivo y las estrategias para su regulación.

Pese a que las referencias en torno a las propiedades medicinales del cannabis reconocen antecedentes milenarios, fue a partir de los años 80, con el avance en la investigación sobre el sistema endocannabinoide que se comenzaron a realizar estudios sistemáticos sobre el potencial médico de la marihuana para el tratamiento de diversas patologías.

En torno a los mismos, el 7 de julio de este año, la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) publicó un “Informe Ultrarrápido de Evaluación de Tecnología Sanitaria. Usos Terapéuticos de los Cannabinoides” donde presenta los resultados obtenidos respecto a la eficacia y seguridad del uso medicinal de los cannabinoides para el tratamiento del dolor crónico, náuseas y vómitos debido a quimioterapia, estimulación del apetito en infección HIV / SIDA, espasticidad debido a esclerosis múltiple o paraplejía, síndrome de Tourette y epilepsia refractaria a los tratamientos convencionales; en pacientes de cualquier edad.

Entre las conclusiones, y solo en relación a algunas de las patologías mencionadas el informe destaca:

“DOLOR: los canabinoides muestran beneficios leves a moderados para el tratamiento del dolor cuando se los compara con placebo. El THC fumado ha demostrado ser la intervención con mayor efectividad. El nivel de efectividad de los cannabinoides es dosis dependiente y resultan ser opciones muy útiles cuando se asocian a otras alternativas terapéuticas.

EPILEPSIA RESISTENTE: se observó una reducción mayor o igual al 50% en la frecuencia de las convulsiones en el 47% de los pacientes tratados con CBD o su asociación con THC. Puede ser considerada como una alternativa adyuvante en el tratamiento de estos pacientes.

ESPASTICIDAD Y ESPASMOS DOLOROSOS EN EM: especialmente el nabiximols, podría tener un rol importante en el manejo de la espasticidad no controlada con las terapéuticas habituales.

REDUCCIÓN DE NÁUSEAS Y VÓMITOS: fueron 4 veces más efectivos que el placebo para el control de náuseas y vómitos en pacientes bajo tratamiento quimioterápico”.

Cada uno de esos ítems, refleja también con una terminología formal, las miles de historias de vida de familias que encontraron en diferentes terapias en base a cannabis una esperanza y una mejora concreta del estado de salud de alguno de sus miembros y que reclaman que  el Estado garantice, o al menos no criminalice, el derecho de sus hijos, padres, abuelos, a acceder a las diferentes alternativas terapéuticas en base al cannabidol.

“Mi hija hace veinticuatro años que padece epilepsia refractaria, le cuenta a Palabras Ana García Nicora, presidente de CAMEDA, en 2014, mientras trabajaba en casa, vi un informe de la CNN sobre el caso de  Charlotte Fidji, una niña que sufría hasta 300 ataques epilépticos a la semana, provocados por el Síndrome de Dravet, hasta que la ingesta del cannabinoide CBD logró disminuirlos en un 99%; y como madre y médica me impactó.

Comencé a investigar, en ese momento no se vendía aún el aceite de Colorado, y comenzamos con un aceite casero, luego, cuando se autorizó la comercialización, no lo podíamos ingresar, y seguimos así hasta enero de 2015, cuando finalmente pudimos entrarlo legalmente.

Actualmente, mediante un permiso a título individual del ANMAT, continuamos con el aceite importado, y mi hija tiene una mejora del 70% en sus crisis, algo que en 24 años no habíamos logrado con nada. Además está conectada con la vida, con los otros, con la realidad”.

En ese proceso, del contacto con otros padres, nació Cameda (Cannabis Medicinal Argentina) la asociación desde la que García Nicora se propuso llenar los vacíos que encontraban los familiares en todas las áreas, constituyendo un canal de información para unificarlos, y desde la que bajo el lema Educar, Informar, Aprender bregan por un marco legal que los contemple.

Junto a Ana María, hasta octubre de este año, el ANMAT había concedido unas 200 autorizaciones que, bajo el formato acceso de Excepción, permitían el  ingreso al país de productos farmacéuticos conteniendo aceite de cannabis para el tratamiento de las más diversas patologías.

Sin embargo, el pasado 7 de octubre,  desde la página del organismo se informó que en función de la gran cantidad de consultas y solicitudes “solamente se autorizará el ingreso al país, por la vía mencionada, a las solicitudes destinadas al tratamiento de la epilepsia refractaria (denominada así por no responder a los tratamientos habituales) de los niños y adultos jóvenes”, medida, en principio, contradictoria con los avances y consensos a los que se comenzaba a arribar en el ámbito legislativo.

“Desde el año 2003 se han presentado diferentes proyectos, en torno a la regulación del cannabis medicinal”, le cuenta a Palabras la diputada Karina Banfi, miembro del bloque oficialista. “Por otro lado, también se han mezclado, o se han sumado  varios proyectos en torno a la despenalización del uso recreativo de la marihuana, que creo ha sido un motivo central por el que no ha avanzado la discusión.

Desde Cambiemos, en principio, analizamos si esto se podía resolver sin modificaciones normativas, porque entendíamos que con la batería de normas existentes, si la autoridad competente autorizaba se podía resolver. Sin embargo, a medida que avanzamos en las consultas y las reuniones, entendimos que el marco normativo era necesario para dar garantías en torno a una agenda que preocupa mucho y que es la lucha contra el narcotráfico.

En ese sentido yo creo que el dictamen de mayoría refleja la línea posible, toma el tema bajo un encuadre de salud pública y asume que el Estado debe garantizar la continuidad y el seguimiento del tratamiento para los pacientes que necesitan este tipo de terapia, sin caer en las medidas oportunistas que hoy motorizan algunos sectores que fueron 12 años oficialistas, manejaron todos los resortes del Estado, y no dieron ninguna respuesta”.

En esa línea la doctora Silvia Kochen, investigadora principal del CONICET, voz de referencia en los debates y reuniones informativas sobre la temática plantea: “La salida del dictamen, para que se trate este año,  es un hecho de suma importancia ya que permite concretamente avanzar en la discusión para la  legalización el uso del cannabis medicinal”.

Por otra parte, y específicamente, en torno a la omisión del autocultivo en la norma, la directora del Centro de Neurociencias Clínica y Experimental dependiente del Instituto de Biología Celular y Neurociencias “Prof. E. De Robertis, explicó: “En relación al autocultivo lo que se debe generar es un control de calidad, como se hace en todos los países en que esto está permitido, porque sin control estatal, sin control de calidad sobre lo que se produce, no podemos hablar de salud pública, no se puede autorizar sin establecer esos parámetros”.

Sin embargo, Pamela Vicente, miembro de Mamá Cultiva, y madre de Guadalupe, que padece epilepsia, y utiliza el aceite que ella misma produce, no duda en destacar: “Lamentablemente, el dictamen de la mayoría nos deja afuera, se está aprobando investigación científica, y la provisión por parte del estado, pero obviamente hasta que se resuelva cómo cultivar, lo que se va a importar es el aceite, que si bien funciona muy bien para algunos casos, no sirve para todas las patologías como cáncer, esclerosis múltiple, etc.

Nosotras necesitamos el autocultivo y ese dictamen no nos contempla. Guada desde que comenzamos el tratamiento, volvió a tener ganas de todo e inclusive de caminar. Había dejado de caminar, ya no quería pararse, y volvió a tener ganas; ganas de pararse, de dar sus pasitos, se mueve, juega, baja de su cama. Sin embargo, nos hablan de la lucha contra el narcotráfico y no pueden entender lo que estamos pidiendo. Aún frente a hechos como el que te cuento, parece que no pueden ver que no somos narcotraficantes.

Nuestro problema no es conseguir el aceite, no te voy a mentir, sino la ilegalidad a la que nos están arrojando, y por eso, frente a este panorama poco alentador, no tenemos opción que seguir luchando”, concluye.

Para Ana Flor Sclani Horrac, becaria de la Comisión de Investigaciones Científicas de la provincia de Buenos Aires, y experta en geopolítica de drogas en América Latina, “mientras países como Uruguay  avanzan en la constitución de marcos normativos que dan cuenta de las diferentes aristas del tema, en nuestro país, los prejuicios y el imaginario en torno a la marihuana plantea escollos muy grandes, sin embargo, el consenso en torno al uso medicinal, es un cambio importante, atendiendo la urgencia de las personas que ya la necesitan, además de que permite que ese imaginario social vaya cambiando.

Uruguay, agrega Sclani Horrac, tiene una característica diferencial que no podemos omitir: desde el año 1974 en adelante no criminaliza el consumo. Entonces es una sociedad distinta a la nuestra la que se puso a pensar la ley, y sin embargo la manera de regularlo que encontraron fue en base a prueba y error, en 2011 empezó el debate, en 2013 salió la ley pero recién ahora sale lo de las farmacias, mientras tanto fueron aprendiendo a cultivar mejor y como país se capacitaron en aquello que tenían que  regular, algo que evidentemente, falta aún en Argentina, pero sobre lo que se está avanzando”.

Sin fecha de tratamiento cierta por el pleno de la Cámara de Diputados, pero con la promesa de que esa instancia llegará en este período ordinario, Argentina parece definitivamente empezar a generar hechos concretos para dar un encuadre legal al uso medicinal del cannabis, lejos para muchos de la meta, pero también avanzando, por primera vez, desde el punto de partida.