Problemas de transporte, inseguridad y miles de personas conectadas 24 horas a sus smartphones, tres características que comparten la mayoría de las ciudades del mundo, fueron las claves a partir de las que, tan sólo hace 6 años, Travis Kalanick creó en la mítica San Francisco, Uber, una aplicación que está transformando la manera de viajar en las grandes urbes.

Basicamente lo que Uber ofrece frente a la necesidad de realizar un viaje es la posibilidad de ingresar a la app y encontrar los autos Uber más cercanos, escoger uno y reservarlo. A partir de allí, además de notificar al conductor sobre nuestra ubicación para que pase a buscarnos, nos envía una reseña del auto y el chofer que hemos elegido.

La app también nos permite conocer el trayecto que seguirá  nuestro viaje y pagar el valor preacordado con tarjeta de crédito. Además, una vez que estamos viajando podemos controlar desde nuestro teléfono el camino que estamos siguiendo y compartir nuestra ubicación y el tiempo que resta para llegar a destino.

Simple y seguro, plantean de la compañía, que actualmente tiene un valor estimado de 62.000 millones de dólares. Competitivo, colaborativo y, dinamizador del sector, suelen agregar.

Sin embargo, en cada una de las ciudades en que Uber está funcionando, que en la actualidad son unas 360 en 66 países del mundo, las polémicas y las controversias políticas y jurídicas también han sido parte de su desembarco.

Es que el transporte público en todo el mundo es un sector fuertemente regulado, que tributa importantes sumas de dinero y cuyos trabajadores pertenecen a organizaciones sindicales y cámaras empresarias, que, justamente, por la cantidad de trabajadores que agrupan y las características estratégicas de la actividad, poseen influencia y múltiples derechos adquiridos.

Muchos de esos trabajadores, las organizaciones que los nuclean, pero también las agencias estatales encargadas de la regulación ven que Uber,  aún con sus características innovadoras, implica desde una competencia desleal, pasando por una desregulación encubierta, hasta un grave infractor de leyes y normativas.

En principio, uno de los puntos esenciales de controversia es que los conductores de Uber, si bien pasan, según la empresa, por importantes evaluaciones en cuanto a sus capacidades, no pueden clasificarse como los trabajadores tradicionales, ya que no trabajan para Uber sino para sí mismos, pero tampoco pueden considerarse como trabajadores autónomos, en los términos en que los conocemos en Argentina, por ejemplo.

De hecho, esa flexibilidad es destacada desde la empresa como una ventaja, aduciendo que Uber  les permite a las personas acceder a una fuente de ingresos, al asociar sus autos a la compañía, pero dándoles absoluta libertad en torno a  los horarios, los días y la cantidad de horas que deciden trabajar.

Junto a ese aspecto la seguridad y el respeto por las normas para la habilitación de los móviles es otro aspecto controvertido. Aún cuando Uber explica que los autos adheridos a la app poseen un seguro que cubre el traslado de personas, muchos se preguntan: ¿los controles para la habilitación de esos vehículos cumplen la totalidad de los exigentes requisitos que suelen imponer las normativas relativas al transporte público en las ciudades?

“Soy un destructor de monopolios” planteó Kalanick en una entrevista recientemente publicada en  The Wall Street Journal, como respuesta a las críticas que recibe su compañía. Argumento épico, que se suma a las corrientes explicaciones sobre las resistencias que genera en la economía tradicional la irrupción de startups como esta que, además de encontrar una oportunidad allí donde no se generaba valor, ponen en jaque intereses corporativos que, según explican, no toman en cuenta las verdaderas necesidades de las nuevas generaciones de usuarios.

Los taxistas, sus asociaciones y trabajadores, son uno de los sectores que  más combaten el desembarco de la app. Competencia desleal, caída de los ingresos y pérdida de puestos de trabajo son las acusaciones más duras que se esgrimen contra Uber.

Para Jorge Celia, presidente de SPAT -Sociedad Propietarios de Automóviles con Taxímetro- “La posibilidad de que Uber ingrese a nuestro país, a través de alguna de las ciudades más importantes, es algo que pone en riesgo nuestra actividad y miles de fuentes de trabajo. No se trata de una oposición al uso de la tecnología, sino que nosotros nos oponemos a que una empresa extranjera venga e intente avanzar en un ámbito como este desconociendo toda la normativa y los controles que existen a nivel local”.

En otros lugares del mundo, las protestas incluyen desde improvisados boicots que impiden transitar a los autos, como ocurrió hace uno días en Montevideo, hasta fuertes medidas de fuerza, como la huelga de los taxistas parisinos, que ha convertido durante el primer mes de 2016 la ciudad de las luces en un verdadero caos, pese a que hacia fines de enero, justamente, un tribunal francés falló a favor de su sindicato, obligando a la compañía a pagar una multa de 1,2 millones de euros por incumplimiento de  ciertos requerimientos legales.

Sin embargo, Uber sigue avanzando en América Latina, y pese a protestas y resistencias, funciona en Uruguay, México, Brasil, Colombia, República Dominicana, Perú, Costa Rica, Panamá y Chile, donde, según información brindada por la empresa, sólo en el primer semestre del año pasado se realizaron más de 30 millones de viajes.

En tanto, bien al sur,  a partir de la aparición de una serie de búsquedas laborales realizadas por la compañía para la cobertura de puestos de trabajo en nuestro país se han generado rumores sobre su posible llegada.

“Evaluamos la posibilidad de que más países cuenten con el servicio de Uber de manera regular, y Argentina no es la excepción, pero aún no contamos con definiciones sobre cuándo sucedería ni en qué condiciones. La decisión de llegar a una ciudad no responde a una receta estandarizada. Se analizan muchas variables entre las que figuran desafíos de movilidad urbana, disponibilidad del parque automotor, interés de la demanda (por ejemplo, si han habido descargas de la aplicación en el país por gente que la usa cuando viaja), contexto económico, por nombrar sólo algunas”,  le explicó a Palabras, Soledad Lago Rodríguez,  responsable de comunicación de Uber para el Cono Sur.

“Estamos siguiendo muy de cerca la situación, evaluando y gestionando  una reunión con el ministro de Transporte”, afirma Jorge Celia.

Mientras desde la firma solo han confirmado que 2016 será el año de su desembarco, sin brindar fechas ni plazos, todo parece indicar que en marzo de 2016 podremos ver el capítulo inicial de la, seguramente, polémica Uber Argentina.